La independencia de la Justicia

El Consejo General del Poder Judicial y los altos tribunales del Estado

 

“¿En qué momento se había jodido el Perú?” Con esta cuestión arranca Mario Vargas Llosa su genial novela Conversación en la Catedral. El protagonista se hace esa pregunta mientras contempla “sin amor” una céntrica avenida de Lima.

¿Quién no se ha hecho esa pregunta aún en España? Este país era rico, orgulloso, parecía sano. ¿En que momento se jodió?

José Antonio Gómez Yáñez, en un imprescindible artículo que ha servido de inspiración a esta iniciativa, da una fecha: el verano de 1.985, momento en el que se aprobaron la reforma de las Cajas de Ahorros y la del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial. En ambos casos, para otorgar su control a los partidos políticos.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es el órgano de gobierno del Poder Judicial en España y garantiza la independencia de los jueces y magistrados frente a los demás poderes del Estado. Tiene la facultad de inspeccionar juzgados y tribunales, así como de aplicar sanciones cuando corresponda. Decide los destinos, ascensos y situaciones administrativas de los jueces. Todo el que quiera ser juez en España debe superar un curso de capacitación de dos años en la Escuela Judicial, dependiente del CGPJ.

Tiene 20 miembros, pero la Constitución sólo fija la forma de elección de 8 de ellos: cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados y otros cuatro a propuesta del Senado. Los otros doce, dice, serán elegidos “en los términos que establezca la ley orgánica”. En su sesión constitutiva, el CGPJ elige un presidente, que pasa a ser automáticamente presidente del Tribunal Supremo (TS). El resto de miembros del TS también los elige el CGPJ. Lo mismo hace con dos de los doce magistrados del Tribunal Constitucional (TC), siendo los otros diez elegidos por el Gobierno y las Cortes. El CGPJ también nombra una tercera parte de los magistrados de las salas de lo civil y lo penal de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas. Lo mismo con el Presidente de la Audiencia Nacional.

Controlar el CGPJ supone controlar los altos tribunales del país, encargados de decir la última palabra en temas de fuerte calado político, como el Estatuto de Cataluña, la legalización de Bildu o el matrimonio homosexual. Son también los encargados de juzgar casos de corrupción que afectan a los partidos políticos y los únicos que pueden encausar a aforados. Es por el privilegio del aforamiento que los políticos imputados en casos de corrupción se niegan a dimitir: saben que su cargo les garantiza ser juzgados en un tribunal muy politizado, donde tienen más oportunidades de salir bien parados.

Pero también, y esto es tanto o más importante, supone controlar a los propios jueces. Gracias a su poder para designar magistrados, promocionarles, sancionarles, apartarles de la carrera judicial y un largo etcétera, el CGPJ puede ejercer una influencia notable en la judicatura. Así, la afinidad política prima en el proceso de selección de jueces; la profesión se encanalla porque la mejor forma de ascender no es haciendo méritos, sino alineándose con uno de los dos grandes partidos. ¿Cómo consigue un juez acercarse a un partido sin poner en riesgo su imparcialidad? Inscribiéndose en una de las dos asociaciones de jueces mayoritarias: Jueces para la Democracia (cercana al PSOE) y Asociación Profesional de la Magistratura (cercana al PP). No todos los jueces juegan a este juego, pero los que lo hacen salen muy beneficiados: Jueces para la Democracia y APM apenas aglutinan al 40% de los jueces, y sin embargo obtienen el 70% de las designaciones para altos cargos aprobadas por el CGPJ.

Pero volvamos ahora a Julio de 1985, el momento en el que se aprueba la Ley Orgánica del Poder Judicial. Con su aprobación, las Cortes enmendaban la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1980 que cumplía el mandato constitucional de redactar una Ley Orgánica que regulara el sistema de elección de los 12 vocales del CGPJ que no eran elegidos por el Congreso y el Senado. Hasta 1985, estos 12 vocales eran elegidos por todos los jueces y magistrados en activo. Con la reforma pasaron a ser elegidos por las Cortes, como el resto de sus compañeros.

La reforma fue muy polémica en su momento. Desde los ámbitos más progresistas se señalaba que al ser las Cortes la sede de la soberanía popular, no había nada más democrático que la elección por ellas de los integrantes del CGPJ. Una vez nombrados, se decía, actuarían de forma independiente. También se argumentaba, aunque con la boca pequeña, que tras 40 años de dictadura la judicatura era un cuerpo casi uniformemente conservador que podía entorpecer el proceso de modernización de España.

Desde la judicatura se señalaba una posible inconstitucionalidad de la reforma y una falta de legitimidad democrática, al poner en peligro la separación de poderes.
Muy crítico también fue el portavoz de Alianza Popular, José María Ruiz Gallardón, que declaró que la reforma supondría “la creación de un órgano de depuración de la magistratura”. Gallardón recurrió la Ley al Tribunal Constitucional, que en Julio de 1986 sentenció a favor de la norma.

Desgraciadamente no fue una buena reforma. Más que garantizar el cumplimiento del mandato constitucional del CGPJ (defender la independencia de la justicia), la ley ha servido de trampolín para que los partidos la tomen al asalto. Los miembros del CGPJ son elegidos por su afinidad ideológica con los partidos que los nombran, por lo que rara vez discrepan de sus posturas. Cualquier desviación puede suponer que, una vez agotado su mandato de 5 años, los jueces sean condenados al ostracismo por el partido al que deben el cargo. 5 años son pocos, y es normal que los jueces se preocupen por lo que pasará con su carrera transcurrido ese plazo. La mayoría de los antiguos integrantes del CGPJ ven recompensada su lealtad con puestos en los tribunales Supremo, Constitucional o de Cuentas. Basta echar un vistazo a la lista de Presidentes del CGPJ para comprobar cómo la mayoría de ellos han pasado después por el TS o el TC; los pocos que no han seguido ese periplo profesional o se han retirado salpicados por escándalos de corrupción, o se han muerto, o directamente se han metido en política.
Desde la aprobación de la LOPJ, PP y PSOE han utilizado la justicia para buscar impunidad y hacer oposición fuera del Parlamento, por ejemplo interponiendo recursos de inconstitucionalidad a discreción. Los vocales “conservadores” y “progresistas” en el TS y el TC han votado casi invariablemente de acuerdo con las posiciones de los respectivos partidos. El reparto de cargos en el CGPJ ha sido cada vez más impúdico. Las maniobras y las intrigas para modificar mayorías o manipular procedimientos han sido la norma.

Aunque la ley del 85 ha sido reformada varias veces los cambios han sido menores y no han logrado atajar la politización de la justicia. El PP, en su Programa Electoral para las elecciones de 2011, propuso volver al sistema anterior a 1985, pero una vez en el poder ha hecho lo contrario, presentando una reforma marginal que no resuelve ninguno de los problemas que aquejan al CGPJ y que puede generar otros nuevos.

Los dos grandes partidos están muy cómodos con el sistema actual, y no piensan cambiarlo.

Justicia

El Fiscal General del Estado

 

El asalto político a la independencia de la justicia no se limita al CGPJ y los altos tribunales del Estado. En España, a diferencia de otros países europeos como Francia o Alemania, los fiscales carecen de la independencia que sí tienen los jueces. Están encuadrados en una estructura jerarquizada en cuya cúspide se sitúa el Fiscal General del Estado, nombrado por el Gobierno. El Fiscal General del Estado utiliza después su superioridad jerárquica para influir, por motivos políticos, en la instrucción de casos sensibles para el partido en el poder.

Así, por ejemplo, vemos numerosas discrepancias entre la Fiscalía anticorrupción y los jueces que instruyen casos de corrupción. En otros casos incluso parece que la fiscalía actúa como defensa. Una sucesión de noticias recientes resulta muy elocuente:
- El Fiscal General del Estado se niega a recurrir la absolución de Francisco Camps por el caso de los trajes

- La Fiscalía de Madrid recurre el ingreso en prisión de Miguel Blesa y estudia si el juez Silva ha prevaricado

- El ministerio fiscal se ha opone a que Esperanza Aguirre declare en la causa que investiga la trama Gurtel

- El ministerio fiscal se opone a que el juez instructor del caso Bárcenas cite como imputados a los ex secretarios generales del PP Francisco Álvarez Cascos y Ángel Acebes.

- El fiscal anticorrupción de Málaga recurre la imputación de la mujer del Presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, por la compra de un ático en Marbella de forma irregular.

- El fiscal se opone a la imputación de la Infanta Cristina por caso Noos. (Guiados quizá por un mal entendido sentido de Estado, PP, PSOE y CiU han mantenido una posición común en este caso, coincidente con las tesis de la fiscalía).

La sensación que estas actuaciones dejan en la ciudadanía es que la fiscalía está a las órdenes del Gobierno, y que es imposible que un político corrupto entre en la cárcel.

Los indultos

 

El indulto es una medida de gracia que supone el perdón de la pena de un condenado. Es concedido por el Rey a propuesta del Ministro de justicia, previa deliberación en Consejo de ministros. Tiene carácter excepcional, y la ley que lo regula, del año 1870, establece que se debe otorgar por “razones de justicia, equidad o utilidad pública” que deben figurar en un “decreto motivado”. En 1988 el Gobierno socialista eliminó este requisito, siendo suficiente la aprobación de un Real Decreto por el Consejo de Ministros.

El indulto es un residuo de la monarquía absoluta, en la que el Rey gozaba del “derecho de gracia”, y no supondría mayor problema si el Ejecutivo hiciera un uso excepcional y bien motivado del mismo. El problema, evidentemente, es que esto no es así. Los sucesivos gobiernos democráticos han aprobado una media de 600 indultos al año, con gran discrecionalidad y en abierta contradicción con las razones de justicia, equidad y utilidad pública que deberían inspirarlo.

Hay pues un problema cuantitativo: 600 indultos anuales son muchos indultos, suficientes como para generar una interferencia apreciable del Ejecutivo en la administración de justicia, una tarea encomendada al Poder Judicial. Y hay también un problema cualitativo: esos 600 indultos no están suficientemente motivados. No hablamos de toxicómanos rehabilitados que asaltaron a alguien a punta de navaja para conseguir su dosis y cuyo ingreso en prisión podría suponer una recaída y un retroceso en su reinserción social, sino de narcotraficantes (el colectivo más indultado por Mariano Rajoy), malversadores, prevaricadores, torturadores y golpistas.

Llama la atención también como los sucesivos gobiernos han indultado no sólo a miembros y personas cercanas al partido en el poder, sino también a los del partido rival. Así, José María Aznar indultó en 1998 (sólo cinco meses después de su condena) a José Barrionuevo y Rafael vera, Ministro del Interior y Secretario de Estado para la seguridad, respectivamente, en los gobiernos de Felipe González, que fueron condenados por malversación de fondos públicos y secuestro en el marco del caso GAL. La historia volvió a repetirse en el año 2000, cuando Aznar indultó a tres condenados por el caso Filesa (una trama de financiación ilegal del PSOE). Ese año el Gobierno indultó a 1328 presos con la única justificación de que se aproximaba el fin del milenio y el hecho de que era año jubilar. En 1995 y 2011, los gobiernos de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero indultaron a Juan Hormaechea, expresidente cántabro que fue miembro de Alianza Popular (caso inédito éste, en el que se concedieron dos indultos a la misma persona). Ya con Mariano Rajoy en Moncloa, el gobierno aprobó el indulto de Josep María Servitje, alto cargo del gobierno de la Generalitat en la época de Pujol que desvió a empresas afines dinero de la Consejería de Trabajo. Poco después se indultó al comandante y al capitán médico del YAK42, y en Junio de 2012 a un alcalde y tres concejales del PP condenados por prevaricación urbanística. Todavía en 2012 se indultó al cabecilla de una red de defraudadores del IVA, justo cuando el Gobierno y el Ministro de Hacienda reclaman responsabilidad fiscal por parte de los ciudadanos. En Noviembre se indultó a cuatro mossos d’esquadra condenados por torturas.

La lista sigue y crece cada semana. El uso evidentemente torticero de la figura del indulto llevó a que 200 jueces de toda España firmaran hace dos años un manifiesto titulado “El indulto como fraude. En defensa de la independencia judicial y de la dignidad“.

Conclusión

 

La Justicia en España está muy desprestigiada (datos) tanto entre la sociedad en general como entre los que la ejercen. La situación de postración en la que subsiste, y la injusticia inherente a un sistema donde la afinidad política con un partido puede ser más decisiva que el mérito a la hora de ascender a un juez deberían rebelar sobretodo a quienes forman parte del Poder Judicial. La politización de la justicia afecta sobretodo al CGPJ y a los altos tribunales españoles, pero la mayoría de los jueces llevan a cabo una labor muy sacrificada con la más absoluta discreción, ajenos a las refriegas políticas. Son, junto con la sociedad civil, los grandes perjudicados de un diseño institucional deficiente que permite a los partidos instrumentalizar la Justicia. Desde aquí pedimos a jueces, magistrados, fiscales y a todos los profesionales del Derecho que apoyen esta iniciativa. De esa forma contribuirían no sólo a recuperar el prestigio y la dignidad de su profesión, también al interés general, pues la sociedad española ni merece ni puede permitirse una justicia partidizada.

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