Administraciones Públicas

Las administraciones públicas de un país serio son organismos profesionales e independientes que aplican la ley a todos los ciudadanos por igual. En un país donde el político de turno puede influir en a quién se concede una licencia, cómo se resuelve un expediente y cómo se recaudan impuestos es un país donde la igualdad ante la ley no existe, y donde la economía se resiente porque es más importante estar bien conectado que ser el mejor.

En España, mal que nos pese, pasan estas cosas, y la prueba es el reciente lío que se montó en la Agencia Tributaria (aunque hay más ejemplos, como el de la policía). El control político, normalmente del partido en el Gobierno, no sólo de las administraciones públicas, sino de las fundaciones, empresas públicas o semi-públicas y organismos de diversa índole es abrumador. Por si alguien se lo perdió la Agencia Tributaria vivió a finales de 2013 un convulso periodo repleto de ceses y dimisiones que fue una descarada intervención de la política en una administración que, como encargada de recaudar impuestos, debería actuar con la máxima independencia. El director general, Santiago Menéndez, próximo al PP y que en el pasado había apartado de la Onif a los inspectores que investigaron Gurtel, cesó con el apoyo del Ministro Montoro a los responsables que no eran de su agrado, tras una cadena de dimisiones motivadas por la actuación de la agencia en el caso Cemex y en el escándalo de los DNIs falsos de la Infanta. El Ministro llegó a decir en el Congreso que los dimisionarios eran “todos socialistas”. Un escándalo así en un país serio hubiera supuesto la dimisión del ministro de Hacienda. Pero esto es España.

Estas cosas nos pasan por dos motivos estrechamente ligados entre si. En primer lugar los políticos han cubierto literalmente los puestos directivos de las AAPP de un manto de cargos de libre designación. A través de estos cargos se ejerce influencia sobre la administración y se llevan a cabo las purgas correspondientes, como ha ocurrido en la Agencia Tributaria. Esta circunstancia crea una dinámica perversa, porque el avance en el escalafón de la profesión no depende de la capacidad demostrada, sino de las afinidades políticas.
La segunda razón por la que se politizan las AAPP es que los funcionarios copan la política. La mayoría de los políticos y la inmensa mayoría de los ministros provienen del funcionariado. Existe un consenso generalizado, del que España forma parte al menos de boquilla, según el cual es bueno que la administración sea independiente. Que hay que mantener separado a un cuerpo funcionarial profesional y bien organizado del poder político. Pero, ¿qué separación hay si los políticos son funcionarios que deciden sobre el futuro de sus ex-compañeros? Los funcionarios gozan de una posición y unas condiciones laborales (pueden conservar su puesto dedicándose a la política en excedencia) que facilitan mucho su salto a la política. Esas ventajas no las disfrutan otros colectivos, de ahí la sobrerepresentación del funcionariado en la clase política. Y ojo, no pretendemos estigmatizar a los funcionarios, sólo señalar que existe una incompatibilidad, al menos en los niveles medios-altos de la administración, con ejercer un cargo político, de forma parecida a lo que ocurre con los jueces.

Y es que estas dos circunstancias, la de que sea la política quien decida y la de que la política sean (en gran medida) los funcionarios no crea incentivos saludables para ninguno de los implicados. En el Reino Unido, conscientes del problema, pactaron hace más de un siglo el public service bargain, un acuerdo en el que los funcionarios renunciaban a tener carrera política a cambio de que el Gobierno renunciara a nombrar funcionarios. En la mayoría de los países de nuestro entorno pasa algo parecido.

Pero algo así se antoja imposible en España. Es muy difícil que un gobierno compuesto mayoritariamente por funcionarios limite el acceso de los funcionarios a la política… o el poder de la política para meter mano en las AAPP. Sin embargo existe numerosa evidencia de que la politización de la administración (o la funcionarización de la política) es un caldo de cultivo para la corrupción, y de que resulta en una gestión menos eficiente y una economía más débil. También hay numerosas experiencias de países que han resuelto con éxito, y con diferentes arreglos legales, este problema.

Lo que necesitamos, una vez más, es votar para que a los grandes partidos les llegue esta petición de despolitización de las administraciones. Es urgente y es importante para el futuro del país. No lo olvidemos el próximo 25 de Mayo.

AAPP_RAZONES

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