Organismos reguladores y autoridades de competencia

ORGANISMOS REGULADORES

Los organismos reguladores son instituciones encargadas de ordenar la actividad de un sector concreto. Los sectores regulados suelen ser “especiales”, en el sentido de que o bien no cabe la competencia o no es deseable. Un ejemplo sería la red eléctrica; puede que queramos que existan varias compañías eléctricas compitiendo entre sí, pero redes eléctricas (todas esas torres de alta tensión y cables que vemos desperdigadas a lo largo de nuestra geografía) sólo debería haber una, lo contrario supondría un despilfarro absurdo.

Las autoridades de competencia, por su parte, actúan en los sectores donde la competencia es deseable y posible, tratando de preservarla. Un ejemplo es el sector de la telefonía móvil, donde es deseable que haya muchas compañías y que compitan entre sí, sin pactar precios y sin que ninguna se aproveche de su posición dominante. Habitualmente las autoridades de competencia tienen poder sancionador. Un ejemplo: la Comisión Nacional de las Telecomunicaciones (ya extinta) multa a Telefónica por prácticas contrarias a la competencia.

La importancia de estos organismos es triple. En primer lugar corrigen fallos de mercado y promueven la competencia allí donde es posible (promover la competencia, si se hace bien, significa bajadas de precios para los consumidores). En segundo lugar facilitan la inversión empresarial porque ofrecen seguridad jurídica y la garantía de un mercado competitivo (hay reglas de juego claras que valen para todos, el Estado no va defender a una empresa concreta, lo que anima a invertir a los competidores). Y en tercer lugar evitan que los gobiernos hagan lo que quieran en los sectores más fuertemente regulados (por ejemplo, bajar la luz a golpe de decreto con fines electoralistas). Estas instituciones, aunque poco conocidas, han sido uno de los pocos contrapesos que los políticos nacionales han tenido en los últimos años.

Para que estas instituciones funcionen bien tienen que cumplir dos requisitos: ser independientes y tener poder sancionador. Tan inútil resulta un organismo capturado por los políticos o por las empresas cuyo sector regula como uno rabiosamente independiente que se limite a emitir recomendaciones no vinculantes.

En España, o nos ha faltado una cosa, o la otra, o las dos. A pesar de algunos encontronazos sonados con el Gobierno de turno, y de la mejora que supuso la creación de la Comisión Nacional de la Competencia en 2007 (a instancias de la UE), en España nunca hemos tenido unos reguladores y unos árbitros a la altura de lo mejor de Europa. Lo que sí tenemos es conexiones a internet o precios de la electricidad entre los más caros de Europa.

Consciente de la necesidad de reforma, el gobierno decidió fusionar los organismos reguladores y la autoridad de competencia en un único superregulador. Desgraciadamente, la reforma supone un paso atrás. Habrá más competencias en manos de los ministerios (y por tanto de políticos y no de técnicos), el organismo será más susceptible de captura política (cómo no), se mantiene el poder de veto del Consejo de Ministros en materia de concentraciones, la comisión no tendrá competencias en materia de protección al consumidor… Los nombramientos de los consejeros, descaradamente políticos, han confirmado los peores presagios (y no sólo en el nuevo superregulador).

En España la política puede intervenir con gran discrecionalidad la vida económica del país a través de instituciones como los organismos reguladores, la autoridad de competencia, la Comisión Nacional del Mercado de Valores o el Banco de España.
Los políticos en estos organismos (y en los ministerios) apoyan a y se apoyan en una parte de las empresas cuya actividad regulan o supervisan. Es un componente más de una asociación viciada en la que los favores entre las partes los pagamos todos los ciudadanos. El sector eléctrico es el mejor ejemplo de cómo esta asociación consigue extraer rentas del conjunto de los consumidores vía precios artificialmente elevados, a la vez que disuade la entrada de competidores nuevos. Mientras tanto, la lista de ex-políticos contratados por las empresas energéticas no para de crecer.

Es una vergüenza que, me temo, consentiremos en silencio hasta que nos cansemos de pagar los recibos… o hasta que nos demos cuenta de que en vez de pagar podemos votar a otros. ¿Habremos apendido la lección de aquí a Mayo?

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