Medios públicos

MMPP_RAZONES

Los medios públicos existen para garantizar el derecho a la información de los ciudadanos. Se considera que los medios privados no bastan por si sólos para garantizar este derecho por dos razones: la primera, que pueden inhibirse de dar informaciones negativas para sus anunciantes ya que dependen de los ingresos que éstos generan (¿cuántas informaciones, por ejemplo, aparecen en prensa sobre el Corte Inglés? ¿hay algún periódico que hable mal de esta empresa?); la segunda razón es que hay contenidos que por su baja rentabilidad no serían producidos por la empresa privada, y que sin embargo se consideran necesarios para que la sociedad esté debidamente informada y sepa contextualizar esa información, contenidos como las noticias de ámbito local o regional y los programas divulgativos de ciencia o historia.
En las comunidades con lenguas cooficiales, y dado que estas lenguas fueron perseguidas durante décadas y minoradas por el régimen franquista, se entiende que es necesario contar con programación en la lengua propia, con el objetivo de promocionar su conocimiento y su uso.

El problema es que estos medios están en manos de políticos, y por supuesto los políticos pueden instrumentalizarlos para sus propios fines: promocionar una agenda, vender un discurso, atacar a los rivales de otros partidos (o a los del propio), silenciar los escándalos de corrupción… Es por esto que los medios públicos suelen estar regidos por estatutos y leyes que protegen su independencia.

Hay varias formas de garantizar la independencia de un medio público (ninguna perfecta, eso sí). Se puede, por ejemplo, hacer que sus responsables rindan cuentas periódicamente ante el parlamento. También se puede evitar que los nombramientos de los directivos de los medios públicos sean decididos por un único partido político, por ejemplo obligando a que sean aprobados por mayoría cualificada en las cortes (dos tercios de la cámara, 234 escaños en el caso de España, una cantidad que ningún partido por sí sólo ha alcanzado jamás). Otra alternativa es reservar varios puestos en el equipo directivo a miembros elegidos por los trabajadores del medio. Y otra más es convertir al medio en cuestión en una agencia independiente, financiada con un impuesto creado ad hoc: la BBC, por ejemplo, se financia gracias a un canon que los británicos pagan por tener televisión (unos 150 euros anuales); esta “independencia financiera” garantiza cierta independencia editorial.

En España el presidente y los miembros del Consejo de RTVE son elegidos por el Parlamento. En el año 2006 el Gobierno aprobó un Decreto Ley que exigía una mayoría de dos tercios en la cámara para aprobar estos nombramientos, lo que hacía obligatorio el acuerdo con el principal partido de la oposición. Fue la mejor etapa de Televisión Española (también de la radio), la época de los reconocimientos internacionales y el prestigio de los informativos, muy deteriorado tras las etapas correspondientes a los gobiernos de Felipe González y José María Aznar. Este período llegó a su fin cuando, en Abril de 2012, el gobierno de Mariano Rajoy aprobó por decreto ley que la mayoría simple (la mitad más uno de los parlamentarios) fuera suficiente para nombrar al presidente y al Consejo de RTVE.

Pero siendo grave, y más aún si tenemos en cuenta las acusaciones de manipulación que el PP lanzaba a RTVE cuando estaba en la oposición, los dislates más grandes en lo tocante a medios públicos españoles se han visto en las autonomías.

Canal 9 es el ejemplo que todos tenemos en mente. Canal 9 es el Lehman Brothers de las televisiones autonómicas, el medio al que se dejó caer, provocando un tsunami político en la Comunidad Valenciana que puede desalojar del poder al PP por primera vez en casi 20 años.

Canal 9 inicia sus emisiones en Octubre de 1989 con el objetivo de ofrecer una programación de calidad, con información regional y en valenciano. Sus seis primeros años de historia tienen luces y sombras: la gestión económica fue perfectible, pero no ruinosa, y aunque no se pueda hablar de manipulación informativa, lo cierto es que el gobierno socialista de Joan Lerma no se preocupó de blindar la independencia de Canal 9.

Cuando Eduardo Zaplana llega a la presidencia de la Generalitat en 1995 se encuentra una Radio-Televisión Valenciana con 653 empleados, 22 millones de euros de deuda y audiencias superiores al 20%. 15 años después la nómina de empleados ascendía a 1800, la deuda a 1200 millones y la audiencia rondaba el 4%. ¿Cómo se pudo llegar a esto?

Los gastos de personal, alrededor de 25 millones de euros anuales durante el periodo socialista, ascendían ya a 50 millones en el año 2000. Y la cifra no paró de crecer: 61 millones en 2003, 72 millones en 2005 y 81 millones en 2009. ¿Las causas? En primer lugar habría que buscarlas en la creación de una redacción paralela. El PP desconfiaba de los trabajadores que habían obtenido su plaza durante los gobiernos socialistas, y por eso contrató a otros más afines, a los que encargó las tareas de dirección de informativos, redacción de noticias, diseño de la escaleta, etc. Es un proceso calcado al ocurrido en Telemadrid y que ahora los trabajadores denuncian en Televisión Española: ante la imposibilidad de echar a los viejos funcionarios, se les relega a actividades o programas de segunda fila mientras los más relevantes desde el punto de vista propagandístico (noticias, tertulias, etc.) se encomiendan a los contratados a dedo. La segunda razón detrás del incremento meteórico de los gastos de personal es que el PP valenciano utilizó Canal 9 como una agencia de colocación. Expliquémoslo de una forma gráfica: imagina que eres un político de la Comunidad Valenciana que opta a un cargo público y/o a un cargo orgánico dentro del partido. Ese es tu objetivo, pero para conseguirlo tienes que conseguir apoyos entre tus compañeros, de lo contrario nunca serás elegido secretario provincial ni serás incluido en las listas electorales. ¿Cómo conseguir esos apoyos? Puedes intentar convencer a tus compañeros con tu fina dialéctica o con tus argumentos, puedes vender que eres el rival que doblegará a los adversarios políticos porque no te dejas comer el terreno, serás un líder fuerte, y además eres carismático, la gente te va a seguir. Bueno, es una opción, pero probablemente esa estrategia no te hubiera llevado a nada en el PP valenciano. La mejor forma de recabar apoyos (por eso los barones que controlan gobiernos regionales tienen tanto poder en los partidos) es la promesa, creíble, de que vas a repartir cargos entre los que te apoyen una vez llegues arriba. Ni más ni menos. Y tendrás más apoyos cuantos más cargos puedas repartir. Si tienes que inventártelos, si tienes que poblar Canal 9 de bienpagados que no hacen nada porque ni siquiera tienen atribuciones claras, lo haces y punto.

Y así se hizo, durante demasiados años, con el dinero de los valencianos.

Pero el gasto en personal no explica por sí sólo el descalabro. La mala gestión tiene mucho que ver, y cuando decimos mala gestión queremos decir gasto en producción externa creciente y poco transparente.

A pesar de contar con más personal, Canal 9 dedicó cada vez más dinero a la producción externa: de los 11 a 18 millones que gastó entre 1992 y 1995 se pasó a 25 millones en 1997, 35 en 1999, 43 en el 2000, 57 en el 2006, año de la visita del Papa, 52 en 2007, 54 en 2008, 46 en 2009 y 24 en 2010, cuando la crisis hacía mella en las cuentas de la corporación. Algunas de estas compras son difícilmente justificables, como el encargo de tres documentales de marcado tinte conservador a la productora Triskel Audiovisual por un valor muy superior al de mercado. Otras son directamente escandalosas, como la concesión del contrato de instalación de sonido durante la visita del Papa a la constructora Teconsa, vinculada a la trama Gürtel, por la friolera de 7.4 millones de euros.

Otro sumidero de dinero público fue la compra de derechos deportivos. Canal 9 firmó contratos con el Valencia (30 millones de euros), el Villareal (25 millones) y el Levante (12 millones). Pagó 22 millones por los derechos de retransmisión del Gran Premio de Fórmula 1 de Valencia, derechos que sólo le permitían emitir el campeonato tres temporadas, sólo en la comunidad Valenciana y en valenciano. El año 2007, coincidiendo con la celebración de la Copa América en Valencia, Canal 9 gastó 81 millones en derechos deportivos.

Mientras el dinero fluía desde Canal 9, su audiencia no cesaba de menguar. De las audiencias superiores al 20% de los primeros años se pasó a una media del 18.5% durante la presidencia de Eduardo Zaplana. La caída se acentuó durante la presidencia de Camps, cerrando 2009 en el 11.8%. Y terminó de despeñarse con Alberto Fabra al frente de la Generalitat: 5.3% de media en 2012 y tan sólo un 3% en Octubre de 2013, a las vísperas del cierre.

La caída de la audiencia no se debe a la mala gestión económica. El desembolso en derechos deportivos debería haber mantenido las audiencias en niveles superiores, y el gasto en producción externa podría haber tenido el mismo efecto si se hubiese invertido con criterio. La causa fundamental del declive de la audiencia de Canal 9, lo que la diferencia de otras televisiones autonómicas que han perdido cuota de pantalla tras la llegada de la TDT y el desembarco de nuevos canales, es que en algún momento de los últimos 15 años se convirtió en una televisión de partido que sólo se dirigía a la valencia más militantemente popular. La manipulación en los informativos llegó a ser colosal, con el consiguiente descrédito. Que a Eduardo Zaplana, en su época de president, sólo se le pudiera grabar su perfil bueno se nos antoja digno de dictaduras como la norcoreana. Que se silenciara el trágico accidente de metro de Julio de 2006 en el que murieron 43 personas es una indignidad. Canal 9 perdió a los valencianos el mismo día en que se olvidó de su condición de servicio público y pasó a ser un altavoz propagandístico del PP de la región, vetando cualquier opinión discordante.

Para ese entonces el monstruo ya no se tenía en pie por sí mismo y las maltrechas cuentas de la Generalitat no daban para sostenerlo. En Enero de 2012 se anunció un ERE que afectaba a cerca de 1000 empleados de la cadena pública. La reducción de personal era un intento desesperado por garantizar la sostenibilidad de la radio-televisión pública valenciana, pero llegó tarde y se ejecutó mal: cuando el 5 de noviembre de 2013 el Tribunal superior de Justicia de la Comunidad Valenciana declara nulo el ERE Alberto Fabra decide clausurar Canal 9.

La historia que sigue es de sobra conocida: los trabajadores se atrincheran en las instalaciones emitiendo especiales donde denuncian la forma en la que se les ha obligado a actuar durante los últimos años. Las víctimas del accidente del metro de Valencia, silenciadas durante años en la televisión pública de su comunidad, hacen aparición por primera vez en un plató entre aplausos de los periodistas. La audiencia vuelve a Canal 9, pero es sólo un espejismo: el 29 de Noviembre de 2013 los liquidadores enviados por la Comunidad interrumpen las transmisiones para siempre.

La historia de Canal 9 es muy parecida a la de Telemadrid y a lo que empezamos a ver en Televisión Española. Es una historia más de política que se sale de sus raíles en España, de partidos que toman lo público y lo utilizan, no para buscar el bien común, sino para perseguir sus propios intereses. El coste, en términos de despidos, pérdida de servicios públicos y deudas multimillonarias, lo pagamos los ciudadanos.

La manipulación informativa y la mala gestión en los medios públicos no son patrimonio exclusivo del Partido Popular, aunque es justo reconocer que en este caso media un abismo entre la ejecutoria popular y la socialista. Desde aquí no podemos sino alabar el proceso de despolitización de RTVE llevado a cabo durante la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero, que propició el período más pluralista vivido por la televisión y la radio públicas. No obstante, queremos hacer un llamamiento a la cautela. El medio público más importante dependiente de una administración socialista es Canal Sur, y de los 17 miembros de su Consejo Asesor, 10 son elegidos por la Junta de Andalucía discrecionalmente. Canal Sur es un medio que no pasa la prueba del algodón que sí pasaría la BBC, por ejemplo. Que hasta ahora no se hayan dado casos de manipulación tan flagrantes como los vividos en televisiones controladas por el PP no significa que no puedan darse en el futuro. Comparar Canal Sur con Canal 9 es como comparar dos reinos, uno cuyo monarca es tiránico y otro cuyo monarca es benevolente. Evidentemente el segundo es mejor que el primero, pero eso no significa que la monarquía absoluta sea un buen sistema.

En otras palabras: hay que pasar la prueba del algodón, de modelos a imitar está el mundo lleno.

 

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