03/5/14

Administraciones Públicas

Las administraciones públicas de un país serio son organismos profesionales e independientes que aplican la ley a todos los ciudadanos por igual. En un país donde el político de turno puede influir en a quién se concede una licencia, cómo se resuelve un expediente y cómo se recaudan impuestos es un país donde la igualdad ante la ley no existe, y donde la economía se resiente porque es más importante estar bien conectado que ser el mejor.

En España, mal que nos pese, pasan estas cosas, y la prueba es el reciente lío que se montó en la Agencia Tributaria (aunque hay más ejemplos, como el de la policía). El control político, normalmente del partido en el Gobierno, no sólo de las administraciones públicas, sino de las fundaciones, empresas públicas o semi-públicas y organismos de diversa índole es abrumador. Por si alguien se lo perdió la Agencia Tributaria vivió a finales de 2013 un convulso periodo repleto de ceses y dimisiones que fue una descarada intervención de la política en una administración que, como encargada de recaudar impuestos, debería actuar con la máxima independencia. El director general, Santiago Menéndez, próximo al PP y que en el pasado había apartado de la Onif a los inspectores que investigaron Gurtel, cesó con el apoyo del Ministro Montoro a los responsables que no eran de su agrado, tras una cadena de dimisiones motivadas por la actuación de la agencia en el caso Cemex y en el escándalo de los DNIs falsos de la Infanta. El Ministro llegó a decir en el Congreso que los dimisionarios eran “todos socialistas”. Un escándalo así en un país serio hubiera supuesto la dimisión del ministro de Hacienda. Pero esto es España.

Estas cosas nos pasan por dos motivos estrechamente ligados entre si. En primer lugar los políticos han cubierto literalmente los puestos directivos de las AAPP de un manto de cargos de libre designación. A través de estos cargos se ejerce influencia sobre la administración y se llevan a cabo las purgas correspondientes, como ha ocurrido en la Agencia Tributaria. Esta circunstancia crea una dinámica perversa, porque el avance en el escalafón de la profesión no depende de la capacidad demostrada, sino de las afinidades políticas.
La segunda razón por la que se politizan las AAPP es que los funcionarios copan la política. La mayoría de los políticos y la inmensa mayoría de los ministros provienen del funcionariado. Existe un consenso generalizado, del que España forma parte al menos de boquilla, según el cual es bueno que la administración sea independiente. Que hay que mantener separado a un cuerpo funcionarial profesional y bien organizado del poder político. Pero, ¿qué separación hay si los políticos son funcionarios que deciden sobre el futuro de sus ex-compañeros? Los funcionarios gozan de una posición y unas condiciones laborales (pueden conservar su puesto dedicándose a la política en excedencia) que facilitan mucho su salto a la política. Esas ventajas no las disfrutan otros colectivos, de ahí la sobrerepresentación del funcionariado en la clase política. Y ojo, no pretendemos estigmatizar a los funcionarios, sólo señalar que existe una incompatibilidad, al menos en los niveles medios-altos de la administración, con ejercer un cargo político, de forma parecida a lo que ocurre con los jueces.

Y es que estas dos circunstancias, la de que sea la política quien decida y la de que la política sean (en gran medida) los funcionarios no crea incentivos saludables para ninguno de los implicados. En el Reino Unido, conscientes del problema, pactaron hace más de un siglo el public service bargain, un acuerdo en el que los funcionarios renunciaban a tener carrera política a cambio de que el Gobierno renunciara a nombrar funcionarios. En la mayoría de los países de nuestro entorno pasa algo parecido.

Pero algo así se antoja imposible en España. Es muy difícil que un gobierno compuesto mayoritariamente por funcionarios limite el acceso de los funcionarios a la política… o el poder de la política para meter mano en las AAPP. Sin embargo existe numerosa evidencia de que la politización de la administración (o la funcionarización de la política) es un caldo de cultivo para la corrupción, y de que resulta en una gestión menos eficiente y una economía más débil. También hay numerosas experiencias de países que han resuelto con éxito, y con diferentes arreglos legales, este problema.

Lo que necesitamos, una vez más, es votar para que a los grandes partidos les llegue esta petición de despolitización de las administraciones. Es urgente y es importante para el futuro del país. No lo olvidemos el próximo 25 de Mayo.

AAPP_RAZONES

03/5/14

Organismos reguladores y autoridades de competencia

ORGANISMOS REGULADORES

Los organismos reguladores son instituciones encargadas de ordenar la actividad de un sector concreto. Los sectores regulados suelen ser “especiales”, en el sentido de que o bien no cabe la competencia o no es deseable. Un ejemplo sería la red eléctrica; puede que queramos que existan varias compañías eléctricas compitiendo entre sí, pero redes eléctricas (todas esas torres de alta tensión y cables que vemos desperdigadas a lo largo de nuestra geografía) sólo debería haber una, lo contrario supondría un despilfarro absurdo.

Las autoridades de competencia, por su parte, actúan en los sectores donde la competencia es deseable y posible, tratando de preservarla. Un ejemplo es el sector de la telefonía móvil, donde es deseable que haya muchas compañías y que compitan entre sí, sin pactar precios y sin que ninguna se aproveche de su posición dominante. Habitualmente las autoridades de competencia tienen poder sancionador. Un ejemplo: la Comisión Nacional de las Telecomunicaciones (ya extinta) multa a Telefónica por prácticas contrarias a la competencia.

La importancia de estos organismos es triple. En primer lugar corrigen fallos de mercado y promueven la competencia allí donde es posible (promover la competencia, si se hace bien, significa bajadas de precios para los consumidores). En segundo lugar facilitan la inversión empresarial porque ofrecen seguridad jurídica y la garantía de un mercado competitivo (hay reglas de juego claras que valen para todos, el Estado no va defender a una empresa concreta, lo que anima a invertir a los competidores). Y en tercer lugar evitan que los gobiernos hagan lo que quieran en los sectores más fuertemente regulados (por ejemplo, bajar la luz a golpe de decreto con fines electoralistas). Estas instituciones, aunque poco conocidas, han sido uno de los pocos contrapesos que los políticos nacionales han tenido en los últimos años.

Para que estas instituciones funcionen bien tienen que cumplir dos requisitos: ser independientes y tener poder sancionador. Tan inútil resulta un organismo capturado por los políticos o por las empresas cuyo sector regula como uno rabiosamente independiente que se limite a emitir recomendaciones no vinculantes.

En España, o nos ha faltado una cosa, o la otra, o las dos. A pesar de algunos encontronazos sonados con el Gobierno de turno, y de la mejora que supuso la creación de la Comisión Nacional de la Competencia en 2007 (a instancias de la UE), en España nunca hemos tenido unos reguladores y unos árbitros a la altura de lo mejor de Europa. Lo que sí tenemos es conexiones a internet o precios de la electricidad entre los más caros de Europa.

Consciente de la necesidad de reforma, el gobierno decidió fusionar los organismos reguladores y la autoridad de competencia en un único superregulador. Desgraciadamente, la reforma supone un paso atrás. Habrá más competencias en manos de los ministerios (y por tanto de políticos y no de técnicos), el organismo será más susceptible de captura política (cómo no), se mantiene el poder de veto del Consejo de Ministros en materia de concentraciones, la comisión no tendrá competencias en materia de protección al consumidor… Los nombramientos de los consejeros, descaradamente políticos, han confirmado los peores presagios (y no sólo en el nuevo superregulador).

En España la política puede intervenir con gran discrecionalidad la vida económica del país a través de instituciones como los organismos reguladores, la autoridad de competencia, la Comisión Nacional del Mercado de Valores o el Banco de España.
Los políticos en estos organismos (y en los ministerios) apoyan a y se apoyan en una parte de las empresas cuya actividad regulan o supervisan. Es un componente más de una asociación viciada en la que los favores entre las partes los pagamos todos los ciudadanos. El sector eléctrico es el mejor ejemplo de cómo esta asociación consigue extraer rentas del conjunto de los consumidores vía precios artificialmente elevados, a la vez que disuade la entrada de competidores nuevos. Mientras tanto, la lista de ex-políticos contratados por las empresas energéticas no para de crecer.

Es una vergüenza que, me temo, consentiremos en silencio hasta que nos cansemos de pagar los recibos… o hasta que nos demos cuenta de que en vez de pagar podemos votar a otros. ¿Habremos apendido la lección de aquí a Mayo?

03/5/14

Las Cajas de Ahorros

Las Cajas de Ahorro son instituciones financieras sin ánimo de lucro. Operan como un banco, pero a diferencia de estos su finalidad es social, no la obtención de beneficios. Sus antecedentes históricos inmediatos son los Montes de Piedad, presentes en España desde el Siglo XVII. Los Montes de Piedad eran entidades benéficas de inspiración religiosa donde los pobres podían obtener sumas en metálico empeñando sus pertenencias. A partir del Siglo XIX las Cajas de Ahorros toman el relevo de los Montes de Piedad y empiezan a custodiar los ahorros de sus depositantes y a usar el dinero para conceder préstamos. Facilitaban así crédito y servicios financieros en zonas donde antes no estaban disponibles, impulsando el desarrollo del territorio en el que se asentaban (ya no hacía falta ir a la capital a pedir prestado dinero). La vinculación de las cajas con el territorio ha sido muy fuerte históricamente, por eso se entiende que en su administración participasen los actores relevantes de la región (órdenes religiosas, asociaciones filantrópicas, el poder civil y más recientemente los sindicatos). Las Cajas no tienen acciones, como los bancos, y tampoco tienen dueños: están gobernadas por una representación de las fuerzas vivas de su región.

Ya dijimos que tampoco tienen ánimo de lucro. Los beneficios de la Caja deben revertir en la comunidad que habita, por eso la parte que no vaya a reservas debe dedicarse a financiar la obra social. La obra social de las cajas incluye becas, recuperación del patrimonio, apoyo a colectivos desfavorecidos, y patrocinio de eventos o instituciones culturales.

Las Cajas llegaron a representar el 50% del sistema financiero español, tanto en términos de depósitos como de créditos, pero la crisis llevó al sector a una profunda reestructuración que supuso la desaparición de la mayoría de las cajas. Los políticos, y singularmente los dos grandes partidos, tuvieron mucho que ver con el desastre.

La presencia de los poderes públicos en el gobierno de las Cajas de Ahorros había sido abrumadora durante el franquismo, llegando hasta el 70%. Esta presencia se vio reducida tras la aprobación de la Ley 31/1985 llamada de “Regulación de las Normas Básicas sobre Órganos Rectores de las Cajas de Ahorro” (LORCA). La LORCA limitaba la presencia de las entidades públicas, que no podrían superar el 50% de los derechos de voto. Algo en principio positivo.

Desgraciadamente la LORCA no evitó la toma de las Cajas de Ahorros por los partidos. Apoyados en la presencia municipal y autonómica en las asambleas de las Cajas, los partidos podían negociar con los sindicatos, que controlan el porcentaje correspondiente a los trabajadores (entre el 5% y el 15%), y podían también infiltrar las candidaturas de los impositores, o contar con las simpatías de otras instituciones presentes en las asambleas de las cajas, como las órdenes religiosas (de orientación conservadora) que fundaron algunas de ellas. Para entender cómo los políticos se hicieron con el control de las cajas nada más ilustrativo que analizar el caso valenciano.

A partir de ahí la historia es bien conocida. El trío alcalde-constructor-caja como epicentro de la burbuja inmobiliaria y la corrupción del ladrillo. Inversiones ruinosas en los descabellados proyectos del político de turno. Políticos municipales y autonómicos peleándose por el control de las cajas sin el menor pudor. Asambleas y Comisiones de Control llenas de gente sin experiencia que celebraba reuniones en exóticos destinos turísticos. Favores a amigos, familiares y empresarios afines. Blesa cazando en Namibia.
Y al final el estallido inevitable. Preocupación en los medios extranjeros. Intervención estatal, fusiones y bancarización. Salida de los antiguos gestores con sueldos e indemnizaciones millonarias. Rescate millonario pagado por los contribuyentes. Decenas de miles de afectados por las preferentes. Los correos de Blesa.

Después de más de 200 años prestando servicios financieros allí donde no llegaba nadie más, de favorecer las inversiones necesarias en su territorio de actuación y de realizar una importante labor benéfico-social. Después de haber sobrevivido a monarquías absolutas, revoluciones, dictaduras y guerras. A pesar de contar con unos cuerpos técnicos excelentes, buenos profesional sin nada que envidiar a los de los bancos y que no merecían que la intromisión política echara por tierra su trabajo. A pesar de todo nuestros políticos consiguieron lo imposible y hoy sólo quedan dos cajas de ahorros en toda España: la de Ontinyent y la de Pollença.

El resto sucumbió a manos de los gestores que eligieron los partidos. Estos gestores dilapidaron los recursos de las cajas, las saquearon y abandonaron sin asumir ninguna responsabilidad, y por el camino estafaron a sus clientes.

La historia de las Cajas demuestra mejor que ninguna otra hasta qué punto la política se ha salido de sus raíles en España. Es el mejor ejemplo de cómo los partidos han querido controlarlo todo pero sin que nadie les controle a ellos, sin límites, sin supervisión ni auditoría real (aunque sí nominal, para mantener las formas), sin transparencia. Y es el mejor ejemplo, también, de cómo sus desmanes acabamos pagándolos todos: a día de hoy llevamos gastados más de 61.000 millones en las Cajas, de los que 37.000 se dan ya por perdidos.

No olvidéis dar las gracias a PP y PSOE por este regalo votando a otros.

Cajas de ahorros_razones

03/3/14

La independencia de la Justicia

El Consejo General del Poder Judicial y los altos tribunales del Estado

 

“¿En qué momento se había jodido el Perú?” Con esta cuestión arranca Mario Vargas Llosa su genial novela Conversación en la Catedral. El protagonista se hace esa pregunta mientras contempla “sin amor” una céntrica avenida de Lima.

¿Quién no se ha hecho esa pregunta aún en España? Este país era rico, orgulloso, parecía sano. ¿En que momento se jodió?

José Antonio Gómez Yáñez, en un imprescindible artículo que ha servido de inspiración a esta iniciativa, da una fecha: el verano de 1.985, momento en el que se aprobaron la reforma de las Cajas de Ahorros y la del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial. En ambos casos, para otorgar su control a los partidos políticos.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es el órgano de gobierno del Poder Judicial en España y garantiza la independencia de los jueces y magistrados frente a los demás poderes del Estado. Tiene la facultad de inspeccionar juzgados y tribunales, así como de aplicar sanciones cuando corresponda. Decide los destinos, ascensos y situaciones administrativas de los jueces. Todo el que quiera ser juez en España debe superar un curso de capacitación de dos años en la Escuela Judicial, dependiente del CGPJ.

Tiene 20 miembros, pero la Constitución sólo fija la forma de elección de 8 de ellos: cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados y otros cuatro a propuesta del Senado. Los otros doce, dice, serán elegidos “en los términos que establezca la ley orgánica”. En su sesión constitutiva, el CGPJ elige un presidente, que pasa a ser automáticamente presidente del Tribunal Supremo (TS). El resto de miembros del TS también los elige el CGPJ. Lo mismo hace con dos de los doce magistrados del Tribunal Constitucional (TC), siendo los otros diez elegidos por el Gobierno y las Cortes. El CGPJ también nombra una tercera parte de los magistrados de las salas de lo civil y lo penal de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas. Lo mismo con el Presidente de la Audiencia Nacional.

Controlar el CGPJ supone controlar los altos tribunales del país, encargados de decir la última palabra en temas de fuerte calado político, como el Estatuto de Cataluña, la legalización de Bildu o el matrimonio homosexual. Son también los encargados de juzgar casos de corrupción que afectan a los partidos políticos y los únicos que pueden encausar a aforados. Es por el privilegio del aforamiento que los políticos imputados en casos de corrupción se niegan a dimitir: saben que su cargo les garantiza ser juzgados en un tribunal muy politizado, donde tienen más oportunidades de salir bien parados.

Pero también, y esto es tanto o más importante, supone controlar a los propios jueces. Gracias a su poder para designar magistrados, promocionarles, sancionarles, apartarles de la carrera judicial y un largo etcétera, el CGPJ puede ejercer una influencia notable en la judicatura. Así, la afinidad política prima en el proceso de selección de jueces; la profesión se encanalla porque la mejor forma de ascender no es haciendo méritos, sino alineándose con uno de los dos grandes partidos. ¿Cómo consigue un juez acercarse a un partido sin poner en riesgo su imparcialidad? Inscribiéndose en una de las dos asociaciones de jueces mayoritarias: Jueces para la Democracia (cercana al PSOE) y Asociación Profesional de la Magistratura (cercana al PP). No todos los jueces juegan a este juego, pero los que lo hacen salen muy beneficiados: Jueces para la Democracia y APM apenas aglutinan al 40% de los jueces, y sin embargo obtienen el 70% de las designaciones para altos cargos aprobadas por el CGPJ.

Pero volvamos ahora a Julio de 1985, el momento en el que se aprueba la Ley Orgánica del Poder Judicial. Con su aprobación, las Cortes enmendaban la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1980 que cumplía el mandato constitucional de redactar una Ley Orgánica que regulara el sistema de elección de los 12 vocales del CGPJ que no eran elegidos por el Congreso y el Senado. Hasta 1985, estos 12 vocales eran elegidos por todos los jueces y magistrados en activo. Con la reforma pasaron a ser elegidos por las Cortes, como el resto de sus compañeros.

La reforma fue muy polémica en su momento. Desde los ámbitos más progresistas se señalaba que al ser las Cortes la sede de la soberanía popular, no había nada más democrático que la elección por ellas de los integrantes del CGPJ. Una vez nombrados, se decía, actuarían de forma independiente. También se argumentaba, aunque con la boca pequeña, que tras 40 años de dictadura la judicatura era un cuerpo casi uniformemente conservador que podía entorpecer el proceso de modernización de España.

Desde la judicatura se señalaba una posible inconstitucionalidad de la reforma y una falta de legitimidad democrática, al poner en peligro la separación de poderes.
Muy crítico también fue el portavoz de Alianza Popular, José María Ruiz Gallardón, que declaró que la reforma supondría “la creación de un órgano de depuración de la magistratura”. Gallardón recurrió la Ley al Tribunal Constitucional, que en Julio de 1986 sentenció a favor de la norma.

Desgraciadamente no fue una buena reforma. Más que garantizar el cumplimiento del mandato constitucional del CGPJ (defender la independencia de la justicia), la ley ha servido de trampolín para que los partidos la tomen al asalto. Los miembros del CGPJ son elegidos por su afinidad ideológica con los partidos que los nombran, por lo que rara vez discrepan de sus posturas. Cualquier desviación puede suponer que, una vez agotado su mandato de 5 años, los jueces sean condenados al ostracismo por el partido al que deben el cargo. 5 años son pocos, y es normal que los jueces se preocupen por lo que pasará con su carrera transcurrido ese plazo. La mayoría de los antiguos integrantes del CGPJ ven recompensada su lealtad con puestos en los tribunales Supremo, Constitucional o de Cuentas. Basta echar un vistazo a la lista de Presidentes del CGPJ para comprobar cómo la mayoría de ellos han pasado después por el TS o el TC; los pocos que no han seguido ese periplo profesional o se han retirado salpicados por escándalos de corrupción, o se han muerto, o directamente se han metido en política.
Desde la aprobación de la LOPJ, PP y PSOE han utilizado la justicia para buscar impunidad y hacer oposición fuera del Parlamento, por ejemplo interponiendo recursos de inconstitucionalidad a discreción. Los vocales “conservadores” y “progresistas” en el TS y el TC han votado casi invariablemente de acuerdo con las posiciones de los respectivos partidos. El reparto de cargos en el CGPJ ha sido cada vez más impúdico. Las maniobras y las intrigas para modificar mayorías o manipular procedimientos han sido la norma.

Aunque la ley del 85 ha sido reformada varias veces los cambios han sido menores y no han logrado atajar la politización de la justicia. El PP, en su Programa Electoral para las elecciones de 2011, propuso volver al sistema anterior a 1985, pero una vez en el poder ha hecho lo contrario, presentando una reforma marginal que no resuelve ninguno de los problemas que aquejan al CGPJ y que puede generar otros nuevos.

Los dos grandes partidos están muy cómodos con el sistema actual, y no piensan cambiarlo.

Justicia

El Fiscal General del Estado

 

El asalto político a la independencia de la justicia no se limita al CGPJ y los altos tribunales del Estado. En España, a diferencia de otros países europeos como Francia o Alemania, los fiscales carecen de la independencia que sí tienen los jueces. Están encuadrados en una estructura jerarquizada en cuya cúspide se sitúa el Fiscal General del Estado, nombrado por el Gobierno. El Fiscal General del Estado utiliza después su superioridad jerárquica para influir, por motivos políticos, en la instrucción de casos sensibles para el partido en el poder.

Así, por ejemplo, vemos numerosas discrepancias entre la Fiscalía anticorrupción y los jueces que instruyen casos de corrupción. En otros casos incluso parece que la fiscalía actúa como defensa. Una sucesión de noticias recientes resulta muy elocuente:
- El Fiscal General del Estado se niega a recurrir la absolución de Francisco Camps por el caso de los trajes

- La Fiscalía de Madrid recurre el ingreso en prisión de Miguel Blesa y estudia si el juez Silva ha prevaricado

- El ministerio fiscal se ha opone a que Esperanza Aguirre declare en la causa que investiga la trama Gurtel

- El ministerio fiscal se opone a que el juez instructor del caso Bárcenas cite como imputados a los ex secretarios generales del PP Francisco Álvarez Cascos y Ángel Acebes.

- El fiscal anticorrupción de Málaga recurre la imputación de la mujer del Presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, por la compra de un ático en Marbella de forma irregular.

- El fiscal se opone a la imputación de la Infanta Cristina por caso Noos. (Guiados quizá por un mal entendido sentido de Estado, PP, PSOE y CiU han mantenido una posición común en este caso, coincidente con las tesis de la fiscalía).

La sensación que estas actuaciones dejan en la ciudadanía es que la fiscalía está a las órdenes del Gobierno, y que es imposible que un político corrupto entre en la cárcel.

Los indultos

 

El indulto es una medida de gracia que supone el perdón de la pena de un condenado. Es concedido por el Rey a propuesta del Ministro de justicia, previa deliberación en Consejo de ministros. Tiene carácter excepcional, y la ley que lo regula, del año 1870, establece que se debe otorgar por “razones de justicia, equidad o utilidad pública” que deben figurar en un “decreto motivado”. En 1988 el Gobierno socialista eliminó este requisito, siendo suficiente la aprobación de un Real Decreto por el Consejo de Ministros.

El indulto es un residuo de la monarquía absoluta, en la que el Rey gozaba del “derecho de gracia”, y no supondría mayor problema si el Ejecutivo hiciera un uso excepcional y bien motivado del mismo. El problema, evidentemente, es que esto no es así. Los sucesivos gobiernos democráticos han aprobado una media de 600 indultos al año, con gran discrecionalidad y en abierta contradicción con las razones de justicia, equidad y utilidad pública que deberían inspirarlo.

Hay pues un problema cuantitativo: 600 indultos anuales son muchos indultos, suficientes como para generar una interferencia apreciable del Ejecutivo en la administración de justicia, una tarea encomendada al Poder Judicial. Y hay también un problema cualitativo: esos 600 indultos no están suficientemente motivados. No hablamos de toxicómanos rehabilitados que asaltaron a alguien a punta de navaja para conseguir su dosis y cuyo ingreso en prisión podría suponer una recaída y un retroceso en su reinserción social, sino de narcotraficantes (el colectivo más indultado por Mariano Rajoy), malversadores, prevaricadores, torturadores y golpistas.

Llama la atención también como los sucesivos gobiernos han indultado no sólo a miembros y personas cercanas al partido en el poder, sino también a los del partido rival. Así, José María Aznar indultó en 1998 (sólo cinco meses después de su condena) a José Barrionuevo y Rafael vera, Ministro del Interior y Secretario de Estado para la seguridad, respectivamente, en los gobiernos de Felipe González, que fueron condenados por malversación de fondos públicos y secuestro en el marco del caso GAL. La historia volvió a repetirse en el año 2000, cuando Aznar indultó a tres condenados por el caso Filesa (una trama de financiación ilegal del PSOE). Ese año el Gobierno indultó a 1328 presos con la única justificación de que se aproximaba el fin del milenio y el hecho de que era año jubilar. En 1995 y 2011, los gobiernos de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero indultaron a Juan Hormaechea, expresidente cántabro que fue miembro de Alianza Popular (caso inédito éste, en el que se concedieron dos indultos a la misma persona). Ya con Mariano Rajoy en Moncloa, el gobierno aprobó el indulto de Josep María Servitje, alto cargo del gobierno de la Generalitat en la época de Pujol que desvió a empresas afines dinero de la Consejería de Trabajo. Poco después se indultó al comandante y al capitán médico del YAK42, y en Junio de 2012 a un alcalde y tres concejales del PP condenados por prevaricación urbanística. Todavía en 2012 se indultó al cabecilla de una red de defraudadores del IVA, justo cuando el Gobierno y el Ministro de Hacienda reclaman responsabilidad fiscal por parte de los ciudadanos. En Noviembre se indultó a cuatro mossos d’esquadra condenados por torturas.

La lista sigue y crece cada semana. El uso evidentemente torticero de la figura del indulto llevó a que 200 jueces de toda España firmaran hace dos años un manifiesto titulado “El indulto como fraude. En defensa de la independencia judicial y de la dignidad“.

Conclusión

 

La Justicia en España está muy desprestigiada (datos) tanto entre la sociedad en general como entre los que la ejercen. La situación de postración en la que subsiste, y la injusticia inherente a un sistema donde la afinidad política con un partido puede ser más decisiva que el mérito a la hora de ascender a un juez deberían rebelar sobretodo a quienes forman parte del Poder Judicial. La politización de la justicia afecta sobretodo al CGPJ y a los altos tribunales españoles, pero la mayoría de los jueces llevan a cabo una labor muy sacrificada con la más absoluta discreción, ajenos a las refriegas políticas. Son, junto con la sociedad civil, los grandes perjudicados de un diseño institucional deficiente que permite a los partidos instrumentalizar la Justicia. Desde aquí pedimos a jueces, magistrados, fiscales y a todos los profesionales del Derecho que apoyen esta iniciativa. De esa forma contribuirían no sólo a recuperar el prestigio y la dignidad de su profesión, también al interés general, pues la sociedad española ni merece ni puede permitirse una justicia partidizada.